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Statewatch recopila información sobre la aplicación de las excepciones por motivo de secreto y seguridad nacional en los casos de asilo e inmigración

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06 March 2024

Las personas que se encuentran en procedimientos de inmigración y asilo pueden enfrentarse a múltiples obstáculos para tener acceso a un proceso justo: un idioma desconocido o poco familiar, la falta de apoyo legal y redes de apoyo escasas. También existe la posibilidad de que se utilicen pruebas mantenidas en secreto para rechazar sus solicitudes o denegarles la entrada en el territorio. Para recabar más pruebas sobre el alcance de este problema y las posibilidades, en términos de remedios, que ofrece la ley de protección de datos, Statewatch ha lanzado un cuestionario para recabar pruebas y ejemplos de testimonios de personas afectadas, abogados y abogadas y grupos de apoyo a personas inmersas en los procesos.

Puede encontrar el cuestionario aquí.

Transferencias de datos

Una activista ucraniana residente en Polonia recibe una prohibición de entrada en el espacio Schengen. Un periodista británico es detenido en Italia y se le prohíbe la entrada en el espacio Schengen durante 10 años. Se le deniega el visado a un activista saharaui que durante su infancia vivía en Italia con permiso de residencia. Un solicitante de asilo es señalado como amenaza para la seguridad por una base de datos internacional, y las autoridades de Chipre -donde busca protección- aceptan dicha valoración automáticamente.

En cada uno de estos casos, a las personas afectadas se les comunicó que la información que había conducido a su detención y exclusión era secreta, por lo que no tenían forma de apelar las decisiones. En palabras de Gruša Matevžič, del Comité Húngaro de Helsinki, los tribunales "con demasiada frecuencia se limitan a dar por sentada la evaluación de los organismos de seguridad de que alguien representa una amenaza para la seguridad nacional, y no la cuestionan."

¿Cuántos otros casos similares existen? ¿Y podría la ley de protección de datos ofrecer una vía para luchar contra el secretismo en estos casos? El proyecto de Statewatch pretende responder a estas preguntas, y el cuestionario lanzado hoy busca aportaciones de personas afectadas, abogados y abogadas, grupos de apoyo y otras personas que puedan tener conocimiento de este tipo casos.

Eliminar fronteras para compartir e intercambiar información

Una tendencia común de las políticas de la UE en los últimos 20 años ha sido el desarrollo de bases de datos y sistemas de información que almacenan información sobre inmigrantes y solicitantes de asilo, de modo que las autoridades policiales y los guardias de fronteras puedan acceder a ella.

Existe también un creciente apetito por el intercambio de este tipo de información más allá de los intercambios entre autoridades dentro de la UE, es decir también entre la UE y sus socios en terceros países: las competencias de Europol para intercambiar información fuera de la UE han aumentado, se está elaborando un plan de "intercambio de información relacionada con la seguridad" y se han planteado cuestiones sobre la transmisión de datos desde estados en los Balcanes a través de Frontex.

Protección de datos personales: derechos sobre el papel, pero ¿qué remedios en la práctica?

Uno de los principios básicos de la ley de protección de datos es el derecho de las personas a acceder a los datos personales que se conserven sobre ellas, lo que incluye el derecho a rectificar o suprimir cualquier información incorrecta o recopilada de modo ilegítimo.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) usó en una sentencia la definición de datos personales que establecía la Directiva 95/46/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo (derogada al aprobarse el actual Reglamento (UE) 2016/679) como "toda información sobre una persona física identificada o identificable” y ha confirmado que el derecho de acceso "no se ciñe a los datos confidenciales o relacionados con la intimidad, sino que puede abarcar todo género de información, tanto objetiva como subjetiva, en forma de opiniones o apreciaciones”.

Esta amplia definición es de suma importancia en el contexto de los casos de seguridad nacional, en los que la evaluación del riesgo que supone un individuo puede estar basada no sólo en hechos concretos, sino en las opiniones y puntos de vista de los funcionarios del Estado.

Con las nuevas leyes de la UE, cualquier solicitante de asilo identificado como un riesgo para la seguridad nacional se enfrentará a un procedimiento acelerado de toma de decisiones, que socavará los derechos procesales existentes, y es probable que también implique la detención y la deportación. La capacidad de impugnar eficazmente estas evaluaciones puede ganar mayor relevancia en los próximos años.

El TJUE también ha dictado sentencias sobre el derecho a un recurso efectivo para las personas cuyos datos se han compartido a través de las fronteras.

Cuando los Países Bajos denegaron solicitudes de visado Schengen basándose en información recibida de otros Estados, los jueces dictaminaron que el Estado que deniega la solicitud debe informar al solicitante, como mínimo, de los motivos concretos en los que se basa la denegación y del Estado o Estados que se opusieron a la solicitud, para permitir una impugnación efectiva de dicha evaluación.

También puede ser necesario que las autoridades y los jueces evalúen la eficacia real de cualquier recurso disponible en otro Estado de la UE o el riesgo de malos tratos y violaciones de los derechos humanos y -cuando la información ha sido compartida por un Estado no perteneciente a la UE- si el país en cuestión tiene normas de protección de datos equivalentes a las establecidas en la legislación de la UE.

La jurisprudencia de la UE sobre el acceso a las pruebas en casos de seguridad nacional lleva más de una década en vigor, y deja claro que el derecho a un recurso efectivo de una persona sólo puede limitarse en lo estrictamente necesario, y que el o la solicitante debe ser informado -como mínimo- de la naturaleza de los motivos en los que se basa la decisión.

El Tribunal de Luxemburgo también ha dejado claro que los tribunales nacionales tienen el deber de realizar una evaluación individual exhaustiva de cada caso; por ejemplo, una persona sólo puede ser detenida cuando su “comportamiento individual representa una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad o a la seguridad interior o exterior del Estado miembro de que se trata”.

Acceso a los datos personales

Al mismo tiempo, el derecho de los interesados a solicitar acceso a su información parece un recurso poco utilizado. Un informe de 2014 sobre el Sistema de Información de Schengen II -la base de datos en la que se almacenan las prohibiciones de entrada en Schengen, junto con toda otra serie de datos- concluyó que había un "reducido número de solicitudes realizadas por los interesados en el ejercicio de sus derechos en comparación con el número de registros de información."

El mismo informe constató que la mayoría de los países no motivaban la denegación de acceso a los datos, una práctica que tendrá que cambiar a raíz de una sentencia del TJUE del año pasado, en la que el tribunal dictaminó que las autoridades no pueden basarse en una denegación de acceso generalizada.

Además, una persona también debe poder recurrir frente a una autoridad judicial que pueda realizar un "control tanto de la existencia y el fundamento de los motivos que justificaron la limitación de esa información como de la correcta ejecución, por parte de la autoridad de control, en su misión de verificar la legitimidad del tratamiento".

Statewatch necesita tu colaboración para recabar información

Statewatch ha elaborado un cuestionario para recopilar más información sobre casos en los que se ha denegado a particulares el acceso a información que los calificaba como una amenaza para la seguridad y que no han podido acceder a un recurso efectivo.

Los resultados se utilizarán para seguir investigando sobre la mejor manera de utilizar la legislación de protección de datos para garantizar el derecho a un recurso efectivo, con el fin de elaborar material informativo y didáctico destinado a ayudar a abogados y abogadas, grupos de apoyo y personas afectadas.

Puede encontrar el cuestionario aquí.